DE JIBAS, ROMPEMUELLES Y NORMAS

Durante los últimos años, en la ciudad de Lima se ha suscitado una explosiva inflación de jibas de velocidad o “rompemuelles”, elementos anti técnicos que intentan regular el tránsito y cuyos efectos son perjudiciales para los automóviles.

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Que Lima posee una de las circulaciones viales más caóticas del mundo no es un secreto. Como todo aspecto que requiere del cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía, el orden del tránsito vehicular es directamente proporcional al comportamiento y el respeto de la población por las normas y el derecho de los demás. Que somos una sociedad egoísta, queda demostrado en las actitudes que se observan durante ese diabólico ejercicio al que denominamos conducir. La conducción vehicular constituye un laboratorio sociológico poco estudiado y largamente criticado. En las calles nos encontramos los extraños y anónimos conductores protegidos por una burbuja social que constituye el automóvil.

Mientras más oscuros los parabrisas, más distante y exclusiva la burbuja social

Mientras más oscuros los parabrisas, más distante y exclusiva la burbuja. Pero el peligro que representan miles de conductores intenta ser exorcizado por las autoridades locales mediante la construcción de miles de jibas o “rompemuelles” distribuidos a diestra y siniestra por las calles de la ciudad.

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La norma que establece los límites de velocidad es clara. Su aplicación es nula. La proliferación de rompemuelles no hace sino demostrar que las normas son letra muerta en un reglamento que no se ejerce debido a varios factores: falta de agentes de la ley, señalización deficiente y la más importante, una generalizada corrupción de la autoridad y la ciudadanía. Ante esta imposibilidad de hacer cumplir la ley, los gobiernos locales no han tenido mejor idea que sembrar las pistas de obstáculos en un desesperado intento de reducir la velocidad de los vehículos y la incidencia de accidentes.

¿La acción de construir rompemuelles resulta efectiva y logra controlar a los conductores? Definitivamente si. La gran mayoría de conductores se ve obligado a disminuir la velocidad del vehículo con el fin de no afectar este por el golpe del rompemuelles. De vez en cuando se observa a algún privilegiado conductor de cuatro por cuatro pasarlos como si estos no existieran. De hecho el transito ha disminuido la velocidad debido a los artilugios sobre la calzada, obligando a tirios y troyanos a detenerse.

Conductores justos están pagando por pecadores e irresponsables al volante.

Pero ¿Es esta la respuesta al problema de los accidentes por exceso de velocidad? Hace poco tiempo atrás se aprobó la nueva escala de infracciones al reglamento de tránsito, el costo de las mismas es hoy tan elevado que hace a más de un conductor tomar extra precauciones a la hora de circular por la ciudad. Por más efectiva que sea una norma nunca podrá impedir que un ebrio o algún irresponsable al volante produzcan un accidente, es lamentable pero sucede en todas las ciudades del mundo. En el caso de Lima, los gobiernos locales están tomando medidas que afectan a todos por igual, conductores justos están pagando por pecadores e irresponsables.

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La colocación de rompemuelles es una medida anti técnica ya que estos dispositivos afectan el sistema de dirección, la suspensión y el chasis de los vehículos, produciendo un prematuro deterioro ¿Quién va a compensar a los propietarios por estos daños? Si a esto agregamos que paralelamente se ha implementado la obligación de pasar por una revisión técnica vehicular el asunto se complica.  Según funcionarios de Lidercon, empresa concesionaria de las revisiones técnicas, la mayoría de casos en los que los vehículos han sido desaprobados es debido al sistema de suspensión defectuoso. No es de extrañar que esto suceda en una ciudad con una pésima calidad de calzadas y sin mantenimiento (solo se realiza cuando se organiza el APEC) además de estar hoy en día plagada de rompemuelles o jibas.

 

La colocación de rompemuelles es una medida anti técnica ya que estos dispositivos afectan el sistema de dirección, la suspensión y el chasis de los vehículos, produciendo un prematuro deterioro

En resumen, la autoridad local debe encontrar otros medios para hacer cumplir las normas. Es cierto que el control del tránsito es responsabilidad de la policía nacional, enorme, burocrática, ineficiente y corrupta institución que con las justas se puede cuidar a si misma y a la pléyade de generales ineficientes. Es hora de discutir el traspaso de una mayor cantidad de autoridad sobre los gobiernos locales como por ejemplo, el control del tránsito en la jurisdicción y la posibilidad de multar a los choferes infractores, junto a un juzgado especializado para la atención de quejas y abusos.

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Los ciudadanos cumplidores de las normas no tienen por qué ser perjudicados debido a la ineficiencia del estado. Los automóviles de miles de limeños responsables se están deteriorando con cada nueva jiba que se construye en la ciudad, sumado a los infinitos huecos en el pavimento y las numerosas zanjas de los lentos trabajos de los servicios públicos y las obras viales.

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