sábado, 26 de septiembre de 2009

RELACIONES CIVIL-MILITARES, UN CAMINO MINADO DE INCOMPRENSIONES

Porqué el desconocimiento de conceptos básicos distorsiona el diálogo político.

El coronel se pasea de un lado al otro del escenario. Los numerosos emblemas de bronce que lleva sobre el uniforme le brindan un aire de haber hecho muchas cosas importantes. El despreocupado auditorio escucha su disertación acerca de la identidad nacional .
- … ¡La identidad nacional se basa en el orgullo de nuestro origen en el imperio de los incas!... – no es exactamente lo que la audiencia desea saber. El coronel continúa con la peculiar inflexión de voz que sobresalta a los desacostumbrados civiles.

- … ¡Somos una sola sociedad!... – exclama casi a gritos - … ¡Es el colmo que algunos deseen separar a la sociedad civil de la sociedad militar… esto es un acto imperdonable!- el coronel muestra su legítima indignación.
(Hecho real que dejaré en el anonimato para no herir susceptibilidades)

El ministro de defensa responde a las preguntas del periodista .
- … mira Jaime [De Althaus], hay personas que intentan separar a la sociedad. No existe una sociedad civil, otra política y otra militar, ¡la sociedad es una sola!... – sentencia iracundo el ministro Rey.
(La HoraN, 24 setiembre 2009)

¿Tienen razón las afirmaciones del coronel como las del ministro? Sí y no.

Son numerosas las veces en las que escucho este tipo de argumentos entre la milicia peruana y algunos funcionarios de gobierno. Este es un ejemplo de uno de los factores que impiden el correcto entendimiento entre la sociedad civil y las fuerzas armadas, la comunicación y el diálogo que a veces se encuentra minado por el prejuicio y la intolerancia.

En realidad, ambos personajes están malinterpretando el concepto aunque aciertan al afirmar que somos una sola sociedad, o al menos eso queremos ser (algunos sociólogos no estarían de acuerdo). El problema está en la forma en que interpretan la frase sociedad civil. Es natural que los oficiales de las fuerzas armadas se les dificulte reconocer el concepto de sociedad civil, el curriculum de la formación en las escuelas militares no incluyen cursos de teoría política. La preparación militar está orientada hacia la tecnología, la historia y a ciertos aspectos de las humanidades, como en el caso de los oficiales de inteligencia. Es por esto que se ha producido una corriente interpretativa del concepto sociedad civil basado en el reduccionismo lingüístico de lo militar contrastado por su antónimo: civiles. De allí que se acusa a las ONG de pretender “separar” a los militares de la sociedad, estorbar su labor, acusaciones acompañadas de epítetos de todo calibre. El discurso se ha profundizado tanto que el propio vicepresidente y el ministro repiten la misma letanía. La coincidencia con las amenazas al Dr. Salomón Lerner, el más notable ejemplo de servicio ciudadano desde la “sociedad civil”, convierte las malas interpretaciones en un grave problema (y peligro) al que se le debe poner fin.

Es cierto que las ONG pertenecen a la sociedad civil, pero primero debemos entender que significa sociedad civil y cuáles son las instituciones que pertenecen a la categoría, cosa que traerá más de una sorpresa.

La sociedad civil como concepto general fue acuñado en el siglo XIV por Marsilio de Padua. En su obra “Defensor Pacis”, Marsilio coloca la primera piedra de los cimientos de la separación entre el poder del pueblo y el gobierno de la época, que a la sazón era disputado entre el Emperador y el Papa. Marsilio entendió que el pueblo (ciudadanía) debería jugar un rol más activo en su propio destino, además exigió que el Emperador ejerza su autoridad independiente del poder del Papa. Debido a sus revolucionarias ideas, Marsilio fue excomulgado y hostilizado (cualquier similitud con la realidad actual es mera coincidencia).

A través de los siglos, el concepto fue tomando forma, aunque en realidad las luchas por los derechos ciudadanos forjaron el concepto tal como lo conocemos hoy. En resumen la sociedad civil son “todas aquellas instituciones que no pertenecen al Estado, a las estructuras del mercado o a las élites dirigentes” concepto enunciado por Hegel en el siglo XIX (Sohr 2008). ¿Cuáles son estas instituciones que no pertenecen al Estado? Lógicamente son las ONG, organismos no gubernamentales, definición muy genérica que oculta y distorsiona la realidad. Algunos son fundaciones, otros son institutos, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos, gremios, asociaciones indígenas, etc. Lo que más puede sorprender a algunos es que también pertenecen a la sociedad civil, la iglesia a la que asiste el ministro Rey, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes (ADOGEN) a la que pertenece el vicepresidente, así como todas las asociaciones de oficiales y personal subalterno de las fuerzas armadas. En stricto sensu podrían ser denominadas ONG ya que son asociaciones privadas voluntarias que no pertenecen al Estado, si no a los miembros que la conforman, independiente de su condición de servicio activo o retiro. Son tan independientes del Estado que varias de ellas abogan por la mejora de las remuneraciones militares, justo reclamo que hasta el momento ha caído en saco roto.


De la misma forma, las organizaciones de derechos humanos abogan por los derechos de la ciudadanía ante el Estado. El reclamo por lo general implica a las instituciones militares que son el sector (del Estado) que ejerce el legítimo derecho al “monopolio del empleo de la violencia” (otro término político-jurídico que no es una peyorativa implicancia de violencia de los militares, pero que es mal interpretado). Las ONG de derechos humanos como elementos de la sociedad civil, es decir agrupaciones de ciudadanos organizados para tal fin, representan el reclamo ciudadano a limitar el empleo de la fuerza por parte del Estado. Es el necesario contrapeso político que protege a la sociedad de los excesos que podrían ocurrir durante los estados de excepción. Estas ONG suplen el rol de los casi inexistentes partidos políticos. El partido más organizado del Perú, el APRA hoy en día está en el poder y en control del Estado, por eso la crítica involucrará su gestión, así como el partido la ejerció cuando se hallaba en la oposición.

La clarificación de estos conceptos ayudarían a evitar el reduccionismo argumentativo en el enfrentamiento de los intereses ciudadanos versus la gestión del Estado. Como hemos visto este no es un fenómeno nuevo, es una tensión que se ha forjado durante siglos. El actual problema de la lucha contra la subversión se verá envuelto en las mismas tensiones. Las organizaciones ciudadanas, es decir los ciudadanos reunidos voluntariamente con un fin específico (en este caso las asociaciones pro-derechos humanos) reclamarán al Estado (FFAA) los excesos que algunos de sus miembros pudieran cometer durante las acciones armadas y no es responsabilidad de estas asociaciones reclamar al Estado por los derechos de los militares (Aunque siempre condenan la violencia y la muerte de los miembros de las fuerzas del orden). Las fuerzas armadas se hallan bajo la tutela del Estado quien debe velar por sus derechos y exigir el correcto cumplimiento de sus deberes.

El Estado, las fuerzas armadas y la sociedad civil deben comprender que los objetivos son los mismos, el enemigo es común y afecta los intereses de todos por igual. Para las fuerzas armadas lo importante es identificar al enemigo correctamente sin involucrar a ciudadanos inocentes. Asimismo, la sociedad civil debe comprender que la lucha en contra fuerzas irregulares se torna muy difícil debido a la mimetización de los subversivos con la población, cuya colaboración es crucial. Cualquier polarización de la crítica y el empleo de argumentación errónea solo favorecen a quienes desean destruir el estado de derecho y la endeble democracia que estamos construyendo.

Bibliografía:
- Sohr, Raúl. El Mundo y sus Guerras. Random House Mondari. Segunda Edición. Santiago 2008.

jueves, 24 de septiembre de 2009

EL QUE DUERME CON NIÑOS, AMANECE MOJADO


Sobre la necesidad de tener una adecuada inteligencia estratégica para proteger al Estado.


El refrán del título nos indica que hay que ser precavido y esto también se aplica a los Estados. De esto se trata la defensa nacional cuya línea de acción más amplia la constituye la inteligencia estratégica, es decir, el conocimiento de lo que sucede allende las fronteras físicas y mentales.

El Estado como estructura institucional al servicio de la sociedad es también sujeto de derecho y debe actuar como tal. Durante el frenesí de privatizaciones, funcionarios públicos y representantes subastaron la propiedad del Estado (es decir de todos los peruanos) al mejor postor. Algunos de estos acuerdos funcionan adecuadamente, otros no tanto y otros son un verdadero desastre como la privatización de la refinería de La Oroya de Centromin Perú, ahora en manos de la empresa Doe Run. Los funcionarios peruanos encargados de la privatización, no supieron – o no quisieron saber- que el propietario de la empresa, el multimillonario Ira L Rennert, es un conocido especulador empresarial que lucra con la deuda y quiebra de las empresas, según informan revistas de prestigio como Forbes y Businessweek . Si para el humilde investigador que escribe es fácil hallar esta información (inclusive puede cruzar información con el sistema de justicia de otra nación), para la maquinaria de un Estado debe serlo aún más. Para realizar un contrato de compra-venta de una propiedad inmobiliaria, lo normal es revisar el historial crediticio del potencial cliente. Un banco investigará todos los ingresos de una persona antes de otorgar un préstamo y así, podríamos enumerar muchas situaciones similares. ¿Por qué el Estado peruano no hizo eso cuando la empresa de Ira Rennert se presentó a comprar La Oroya? (En la práctica ha adquirido todo el pueblo, carretera y niños envenenados incluidos).

Suponiendo que el contrato ha sido firmado entre personas honestas, entonces lo que faltó fue una adecuada inteligencia estratégica que alerte sobre el propietario de Doe Run. En aquel entonces (1997), La inteligencia estratégica era inexistente. El servicio de inteligencia nacional, órgano encargado de esta delicada función, se encontraba secuestrado. Al contrario, las empresas privadas extractoras han contrataron los servicios de empresas de “seguridad” en las que trabajan demasiados oficiales retirados que, en buena cuenta, prestan un servicio mercenario de inteligencia, en contra de los intereses del estado y del pueblo peruano, faltando a principios básicos de ética y patriotismo. Este panorama coloca al Estado en una clara desventaja. La información privilegiada del sistema de inteligencia encuentra canales ilegales para llegar a empresas interesadas tal como se ha visto en el reciente caso del “Petrogate” (empresa BTR), el apócrifo atentado al presidente en el 2006 (empresa Forza), el escándalo de venta de información de la Marina del año 2007 (Grupo Atenea y Andrick Service), etc.

Es derecho y deber del Estado mantener el monopolio de la violencia. Esto es la voluntad popular manifiesta en la constitución política del Perú. Si el Estado renuncia a este deber, la seguridad –concepto que se diluye entre los intereses públicos y los privados, generalmente contradictorios- podrá ser ejercida por cualquier actor social o privado con resultados imprevisibles. La inteligencia debe ser potestad única y exclusiva del sector público, penalizándose el ejercicio por actores desautorizados para tal efecto. No debemos olvidar que el ejercicio democrático permite a la sociedad civil exigir cuentas al Estado por sus actos, en cambio, la empresa privada está libre del escrutinio público salvo por acción judicial. Se debe entender que el ejercicio privado de la violencia está lejos del control ciudadano, por consiguiente podría sufrir atropellos e incluso la muerte, tal como ha sucedido en los conflictos de las comunidades con las empresas extractoras de recursos naturales. Las empresas privadas no se rigen por prácticas democráticas, más bien son ejemplos palpables de organizaciones verticales en donde las relaciones humanas se parecen más a la de los gobiernos autocráticos o totalitaristas. Cuando esto se suma al empleo legal (no legítimo) de la violencia se obtienen resultados como los de Irak. El gobierno de los Estados Unidos contrató los servicios de empresas privadas de seguridad, reales ejércitos mercenarios, que han asesinado a cientos de ciudadanos. Esto es un grosero atropello a los derechos humanos que posiblemente permanezca impune.

Es deber del Estado proteger a la población. De la actividad privada solo es promotor y regulador, mas no es deber actuar en su defensa. El sistema de inteligencia debe cumplir el requisito básico de apuntar hacia los intereses del Estado, inclusive deberá protegerlo de amenazas al orden social y financiero como Doe Run. Es plausible la iniciativa del sector justicia el responsabilizar al representante legal de la empresa por la muerte del policía y por los heridos. Ya es tiempo que el gobierno impida los cabildeos y chantajes de las corporaciones que incumplen los acuerdos, además de utilizar a la población desorientada de La Oroya para este fin. La correcta inteligencia estratégica ayudaría a tomar las previsiones del caso e identificar las verdaderas amenazas al Estado y a la sociedad, y no dejarse engañar con fábulas creadas por irresponsables empresas privadas de “seguridad”.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

LA GUERRA IMPOSIBLE DE MÉXICO CONTRA EL NARCOTRÁFICO



El título del presente corresponde al del artículo de Mary Anastasia O´Grady del Wall Street Journal, quien nos invita a reflexionar acerca del narcotráfico y las ideas que se han generado alrededor de este terrible problema.

¿Es posible lograr una solución militar-policial a un problema económico? En el espinoso asunto del narcotráfico, son las leyes del mercado (identificadas desde la época de Adam Smith) las que determinan la aparición de mafias y el consumo de estupefacientes, no la voluntad política o militar de acabar con el flagelo. He sostenido con anterioridad la futil lucha que está costando la vida de jóvenes soldados, marinos y aviadores involucrados en una guerra que no se podrá ganar. El diario el Comercio informa hoy que el narcotráfico mueve 20 mil millones de dólares, es decir, podría comprar 10 mil helicópteros como el derribado el mes pasado a la Fuerza Aérea. ¿Algo no anda bien no?

Los invito a leer una opinión aparecida en el Wall Street Journal, diario emblemático del poder económico mundial que se atreve a discutir el tema. Somos los principales abastecedores de cocaina ¿No deberíamos discutir el asunto tambien en el Perú?

Iván Izquierdo

LA GUERRA IMPOSIBLE DE MÉXICO CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Por Mary Anastasia O'Grady
14 set 2009
Wall Street Journal

México anunció recientemente que despenalizará la posesión de "pequeñas cantidades de drogas" —marihuana, cocaína, LSD, metanfetaminas, heroína y opio— "para consumo propio". Las personas que sean aprehendidas por las fuerzas del orden con cantidades de dichos estupefacientes que estén por debajo de los límites establecidos no serán procesadas. Una persona interceptada tres veces con cantidades por debajo del límite establecido, sin embargo, deberá por ley someterse a un tratamiento.
Para el gobierno del presidente Felipe Calderón, que se ha pasado los últimos tres años sumido en un combate mortal con los carteles del narcotráfico, esto parece contraproducente. ¿Acaso el gobierno se está rindiendo ante las realidades del mercado de estupefacientes? ¿O se trata de una astuta táctica de los combatientes del narcotráfico que todavía se acogen a la quijotesca convicción de que pueden acabar con los proveedores de
drogas?
La respuesta es que se trata de un poco de las dos cosas. Pero ninguna tiene importancia. El gran problema de México —y de hecho, el mayor problema de seguridad del hemisferio— es el crecimiento y el mayor poderío del crimen organizado, alimentado por las ganancias del narcotráfico. La nueva política de Calderón probablemente no resolverá nada en ese sentido. La razón es simple: la prohibición y la demanda convierten hierbajos sin valor en mercancía valiosa. Donde realmente se vuelve valiosa es al cruzar la frontera con Estados Unidos. Si la demanda en EE.UU. es robusta, entones los productores, traficantes y vendedores se enriquecen satisfaciéndola.
Los consumidores mexicanos ahora tendrán menor temor de ser castigados, algo que, en el caso de la marihuana, también sucede en EE.UU. Pero el tráfico sigue siendo ilegal y los criminales seguirán teniendo enormes incentivos para asesinar y sobornar con tal de eludir a las fuerzas del orden. La despenalización no retirará el dinero del negocio y, por ende, no reducirá la corrupción, la intimidación a las autoridades democráticas por parte de los carteles o el terror infligido en la población local por los magnates de la droga.
A pesar de todo, el intento de México de cuestionar el status quo que impera en la lucha contra las drogas merece reconocimiento. A diferencia de los zares antidroga estadounidenses, México al menos reconoce que repetir lo mismo una y otra vez esperando un desenlace distinto es una locura.
Debido a que a tantos estadounidenses les gusta consumir cocaína, el negocio ha prosperado durante las últimas cuatro décadas. La mayor parte del tráfico solía pasar por El Caribe, pero el patrullaje de las rutas marítimas por parte de las autoridades hizo que los proveedores optaran por rutas terrestres a través de Centroamérica y México. En sólo dos décadas, los capos de la droga mexicanos tomaron el control de la industria, añadiendo otras drogas a sus líneas de productos. Al pagar a sus empleados en drogas en vez de efectivo, también expandieron el negocio en su país; "mulas" de menor rango deben colocar su mercancía en el mercado local para convertir su sueldo en dinero. Ahora, los latinoamericanos se han convertido en consumidores. En otras palabras, la demanda y la prohibición en Estados Unidos han envenenado toda la región. A medida que sus ingresos se disparaban, los líderes de los carteles de la droga tomaron el control de grandes franjas del territorio mexicano. Los funcionarios que no se podían comprar con plata eran eliminados con plomo.
Cuando Calderón asumió el poder en diciembre de 2006, prometió restablecer el orden. Todo indica que su "guerra" se libra bajo la creencia de que una sociedad libre no puede ser presa del crimen organizado, no bajo la presunción de que la oferta puede ser extinguida. México pretende aumentar el costo del narcotráfico para que su flujo migre a otra parte. Casi 1.150 soldados y empleados de las fuerzas del orden han sido asesinados en los últimos tres años. Tras apostar su presidencia al restablecimiento del estado de derecho, Calderón ha tenido incentivos para argumentar que su ofensiva ha rendido frutos. Y no cabe duda de que haya tenido un efecto. En los lugares en los que el ejército ha hecho sentir su presencia, la anarquía ha disminuido. Miles de criminales han sido eliminados, ya sea por las fuerzas del orden o por pandillas rivales que ahora se enfrentan por el control de un mercado decreciente. Se han confiscado cargamentos de droga, interrumpido las vías de suministro tradicionales para químicos importados para fabricar metanfetaminas y despedido a funcionarios corruptos. Pero la guerra continúa. Los capos muertos se reemplazan, surgen nuevas vías de suministro para la elaboración de "meth" —la última descubierta proviene de Argentina— y la corrupción persiste. Los extorsionadores secuestran, roban y comercian con armas. También son innovadores. Ahora usan semi-sumergibles para transportar las drogas por mar.
Al despenalizar el consumo, México admite que la situación no está mejorando. El gobierno señala espera concentrar sus limitados recursos en perseguir a los productores, traficantes y distribuidores minoristas. Según la embajada mexicana en Washington, otro objetivo es acabar con la corrupción que proviene de la "libre interpretación de lo que constituye la venta de drogas minorista". El objetivo es reducir la corrupción policial al mismo tiempo que se persigue a los peces gordos, no a los pequeños.
La guerra a la oferta es un fracaso, algo que cualquier estudiante de primer año de economía podría haber previsto. Pero este plan probablemente no revertirá la situación. Es la demanda al norte de la frontera la que constituye el principal motor del terror de las mafias del crimen organizado. Y esa no muestra indicio alguno de disminuir.

http://online.wsj.com/article/SB125288402480007223.html
Escriba a O'Grady@wsj.com

martes, 1 de septiembre de 2009

Colombia: ¡A buen palo te arrimas!


Reflexión acerca del rol estadounidense en los asuntos internacionales, los resultados y la política antidrogas en Sudamérica


Colombia firma un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos el cual le permitirá la instalación de siete bases en aquel país. La reacción política sudamericana no se ha dejado esperar, produciendo nuevas discrepancias e innecesarios enfrentamientos entre los líderes de nuestras naciones.

La presente reflexión no transita por los vericuetos oscuros de la política, mas bien es una opinión a la luz del militarismo y de los acontecimientos bélicos de los últimos años, la intervención militar norteamericana a nivel global y los resultados obtenidos en todas y cada una de ellas, incluyendo la desastrosa lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

El poderío y ventaja tecnológica estadounidense parece incontrastable. El observador desprevenido se maravillará ante la tecnología y poderío de la milicia estadounidense. Los canales de televisión, supuestamente culturales como el Discovery, National Geographic y el History, actúan como útil eco del militarismo norteño. Las visitas de “buena voluntad y amistad” que realizan a los países “aliados” no son más que la extensión y reafirmación de la influencia que desean producir en las mentes de aquellos que se dejan encandilar por este bien montado circo militar. Pero la realidad nos brinda una perspectiva distinta de los logros y el significado de la milicia estadounidense. El general norteamericano Anthony Zinny remarcó en una importante conferencia que “siendo Teniente, luché en una guerra en la que virtualmente ganamos todas las batallas y perdimos la guerra-Vietnam” (As a lieutenant, I fought a war where we won virtually every battle and lost the war—Vietnam[i]). El general en realidad se quedó corto. Desde el descalabro de Vietnam, los Estados Unidos han ganado las batallas pero han perdido todas las guerras en las que se ha involucrado y provocado de una u otra forma. En Nicaragua fueron derrotados por las fuerzas sandinistas y está pendiente un pago de 50 mil millones de dólares por los perjuicios ocasionados (ordenado por la Corte Internacional de Justicia), invadieron el territorio británico de Grenada con fines poco claros. La invasión a Panamá acabó con un supuesto narcotraficante pero ha convertido a esa soberana nación en el paraíso del dinero ilegal. Si bien derrotaron a las torpes fuerzas de Saddam Hussein en 1991, la resolución de las Naciones Unidas y la opinión pública internacional les impidió la invasión al codiciado Irak. En los Balcanes, las fuerzas de la “coalición” profundizaron el conflicto local. En Somalia fueron derrotados por pequeñas y desorganizadas fuerzas insurgentes. A fuerza de involucrarse en los asuntos ajenos provocaron la reacción de grupos fundamentalistas y terminaron siendo atacados en el corazón financiero del mundo y no han podido capturar a quien señalan como responsable. En represalia, el aparato militar estadounidense invadió Afganistán y nuevamente Irak, nación que no tuvo ninguna participación en los hechos del 11 de setiembre. En el 2007, la prensa de Estados Unidos anunciaba la intención de varios generales y almirantes de renunciar si es que el presidente Bush decidía atacar a Irán[ii]. Desde Julio las tropas estadounidenses han comenzado la retirada del Irak y la situación en Afganistán se complica cada vez más.

Ganar batallas es distinto a ganar guerras y esto es una dura lección que los generales norteamericanos no terminan de aprender. La naturaleza de la guerra ha cambiado, el enemigo ha cambiado y los medios están cambiando. Igualmente, la lucha contra el “narcotráfico” y el “terrorismo”, de seguirse haciendo de la misma forma no acabará nunca.

De manera parecida, las fuerzas armadas colombianas tienen medio siglo luchando en contra de los grupos insurgentes y esto indica claramente que algo no está saliendo bien. La colaboración militar norteamericana en Colombia, al igual que en el resto de Latinoamérica, no ha logrado pacificar la región. Todo lo contrario, las lecciones aprendidas por los militares latinoamericanos en la antigua Escuela de las Américas solo ha traído muerte, dolor y sociedades aun más polarizadas. En el Perú de los ochentas, la lucha contra la subversión empezó con una torpe respuesta, en los noventas esta estrategia mejoró pero nunca atacó la raíz del problema. El incremento de la violencia, la producción y el tráfico de estupefacientes en el valle del VRAE confirma esta tendencia.

Entonces: ¿Ha sido útil la colaboración militar y técnica estadounidense para acabar con la violencia y el tráfico de drogas ilícitas? Evidentemente no.
¿Qué se logrará en Colombia con la instalación de bases y personal estadounidense? A la luz de la experiencia militar los efectos no son muy claros. Colombia ha gastado en defensa más que ningún otro país de la región (gasto per cápita en relación al PBI) y posee el ejército más numeroso y hasta el uniforme parece una copia del estadounidense. Pedir ayuda a Estados Unidos reflejaría incapacidad y malgasto del ejército colombiano, cosa que desestimo sea cierto en un ejército tan bien preparado.

Más barato y menos polémico sería desarrollar políticas nacionales y regionales propias. Y si se piensa que la corrupción de las fuerzas militares involucradas son un obstáculo ¿Qué nos hace pensar que los norteamericanos no caerán en la misma tentación ofrecida por los poderosos barones de la droga? Especialmente cuando muchos de ellos han sido desalojados de sus hogares por la crisis inmobiliaria, o han visto desaparecer los ahorros y el valor de sus acciones, adquiridos con sus igualmente magros sueldos.

No creo que la presencia norteamericana determine una victoria sobre las FARC y el tráfico de drogas ilícitas si es que toma en estricta consideración los aspectos políticos de la relación. Las derrotas políticas estadounidenses contrastan con el terror y fuego que su capacidad militar le permite desatar, especialmente contra ciudadanos indefensos. ¿Para qué necesitan siete bases en Colombia si no pudieron pacificar Irak con cien?

En este sentido son los estadounidenses quienes necesitan ser asesorados.



[i] Zinny Anthoni. Unrestricted Warfare Symposium. 2006. John Hopkins University, Ronald R. Luman Executive Editor.
[ii] http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article1434540.ece?print=yes&ran... 01/09/2009
http://www.huffingtonpost.com/brent-budowsky/will-generals-resign-in-p_b_42214.html