EL QUE DUERME CON NIÑOS, AMANECE MOJADO

Sobre la necesidad de tener una adecuada inteligencia estratégica para proteger al Estado.

El refrán del título nos indica que hay que ser precavido y esto también se aplica a los Estados. De esto se trata la defensa nacional cuya línea de acción más amplia la constituye la inteligencia estratégica, es decir, el conocimiento de lo que sucede allende las fronteras físicas y mentales.

El Estado como estructura institucional al servicio de la sociedad es también sujeto de derecho y debe actuar como tal. Durante el frenesí de privatizaciones, funcionarios públicos y representantes subastaron la propiedad del Estado (es decir de todos los peruanos) al mejor postor. Algunos de estos acuerdos funcionan adecuadamente, otros no tanto y otros son un verdadero desastre como la privatización de la refinería de La Oroya de Centromin Perú, ahora en manos de la empresa Doe Run. Los funcionarios peruanos encargados de la privatización, no supieron – o no quisieron saber- que el propietario de la empresa, el multimillonario Ira L Rennert, es un conocido especulador empresarial que lucra con la deuda y quiebra de las empresas, según informan revistas de prestigio como Forbes y Businessweek . Si para el humilde investigador que escribe es fácil hallar esta información (inclusive puede cruzar información con el sistema de justicia de otra nación), para la maquinaria de un Estado debe serlo aún más. Para realizar un contrato de compra-venta de una propiedad inmobiliaria, lo normal es revisar el historial crediticio del potencial cliente. Un banco investigará todos los ingresos de una persona antes de otorgar un préstamo y así, podríamos enumerar muchas situaciones similares. ¿Por qué el Estado peruano no hizo eso cuando la empresa de Ira Rennert se presentó a comprar La Oroya? (En la práctica ha adquirido todo el pueblo, carretera y niños envenenados incluidos).

Suponiendo que el contrato ha sido firmado entre personas honestas, entonces lo que faltó fue una adecuada inteligencia estratégica que alerte sobre el propietario de Doe Run. En aquel entonces (1997), La inteligencia estratégica era inexistente. El servicio de inteligencia nacional, órgano encargado de esta delicada función, se encontraba secuestrado. Al contrario, las empresas privadas extractoras han contrataron los servicios de empresas de “seguridad” en las que trabajan demasiados oficiales retirados que, en buena cuenta, prestan un servicio mercenario de inteligencia, en contra de los intereses del estado y del pueblo peruano, faltando a principios básicos de ética y patriotismo. Este panorama coloca al Estado en una clara desventaja. La información privilegiada del sistema de inteligencia encuentra canales ilegales para llegar a empresas interesadas tal como se ha visto en el reciente caso del “Petrogate” (empresa BTR), el apócrifo atentado al presidente en el 2006 (empresa Forza), el escándalo de venta de información de la Marina del año 2007 (Grupo Atenea y Andrick Service), etc.

Es derecho y deber del Estado mantener el monopolio de la violencia. Esto es la voluntad popular manifiesta en la constitución política del Perú. Si el Estado renuncia a este deber, la seguridad –concepto que se diluye entre los intereses públicos y los privados, generalmente contradictorios- podrá ser ejercida por cualquier actor social o privado con resultados imprevisibles. La inteligencia debe ser potestad única y exclusiva del sector público, penalizándose el ejercicio por actores desautorizados para tal efecto. No debemos olvidar que el ejercicio democrático permite a la sociedad civil exigir cuentas al Estado por sus actos, en cambio, la empresa privada está libre del escrutinio público salvo por acción judicial. Se debe entender que el ejercicio privado de la violencia está lejos del control ciudadano, por consiguiente podría sufrir atropellos e incluso la muerte, tal como ha sucedido en los conflictos de las comunidades con las empresas extractoras de recursos naturales. Las empresas privadas no se rigen por prácticas democráticas, más bien son ejemplos palpables de organizaciones verticales en donde las relaciones humanas se parecen más a la de los gobiernos autocráticos o totalitaristas. Cuando esto se suma al empleo legal (no legítimo) de la violencia se obtienen resultados como los de Irak. El gobierno de los Estados Unidos contrató los servicios de empresas privadas de seguridad, reales ejércitos mercenarios, que han asesinado a cientos de ciudadanos. Esto es un grosero atropello a los derechos humanos que posiblemente permanezca impune.

Es deber del Estado proteger a la población. De la actividad privada solo es promotor y regulador, mas no es deber actuar en su defensa. El sistema de inteligencia debe cumplir el requisito básico de apuntar hacia los intereses del Estado, inclusive deberá protegerlo de amenazas al orden social y financiero como Doe Run. Es plausible la iniciativa del sector justicia el responsabilizar al representante legal de la empresa por la muerte del policía y por los heridos. Ya es tiempo que el gobierno impida los cabildeos y chantajes de las corporaciones que incumplen los acuerdos, además de utilizar a la población desorientada de La Oroya para este fin. La correcta inteligencia estratégica ayudaría a tomar las previsiones del caso e identificar las verdaderas amenazas al Estado y a la sociedad, y no dejarse engañar con fábulas creadas por irresponsables empresas privadas de “seguridad”.